POLÍTICA ENERGÉTICA EN LA AGENDA DUHALDE PRESIDENTE

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Desde 1991, cuando comenzó la aplicación del "Plan de Convertibilidad" y la ejecución de la "Reforma del Estado", el sector energético argentino ha protagonizado un extraordinario proceso de transformación que fué acompañado desde su posición de Vicepresidente de la Nación por el Dr. Duhalde.

No hace falta recordar a los presentes las dificultades por las que atravesaba al país en aquellos momentos. En materia de petróleo nos habíamos convertido en un abastecerdor ineficiente en el contexto de un mercado no competitivo y cerrado; el gas faltaba en los hogares precisamente durante el momento más crítico del invierno y la electricidad atravesaba los momentos más complejos de toda su historia con cortes de servicio "programados" y "no programados".

El proceso de cambio llevado a cabo ha logrado revertir la mayoría de estos indicadores. Con la nueva política y la confianza de inversores argentinos y extranjeros no sólo hemos logrado abastecernos completamente de recursos energéticos sino que nos hemos convertido en netos exportadores energéticos.

Hoy la energía aporta más de 3500 millones de dólares a nuestra balanza comercial donde sólo el petróleo representa las dos terceras partes. Hemos multiplicado por 28 los volúmenes exportados de petróleo!

La mitad del petróleo que consume Chile proviene de nuestro país y hemos desalojado a Arabia Saudita del mercado brasilero convirtiéndolos en el principal abastecedor del Mercosur.

Ya tenemos intercambios de energía eléctrica con Uruguay, Paraguay y Brasil y se han planificado obras de gas de diversa magnitud con casi todos los países limítrofes.

Esta nueva filosofía, que ha cambiado el rol del Estado hacia una función de regulación y control y del sector privado como inversor y explotador de los servicios es la misma que nos ha inspirado después para realizar las conocidas privatizaciones en la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, los pasos dados en estos años, conforman los comienzos de un proceso más amplio, en el que la energía tiene que desarrollar su mayor potencial. Debemos recordar que tratandose de inversión y de recursos energéticos el esquema debe conducir a una administración eficiente de lo escaso. Por estas razones, reconocemos también ciertas falencias en este modelo que, en su arrolladora dinámica, no nos ha dejado -hasta ahora- márgenes para perfeccionar sus mecanismos.

Ello nos ha llevado a que, en medio de un panorama promisorio de inversión y crecimiento, debimos atravesar una crisis eléctrica desatada por la caída de un distribuidor importante y, más recientemente, un riesgo de cortes que, gracias a la experiencia acumuilada, no llegó a materializarse.

La política energética del próximo turno gubernamental no debe, en forma alguna, deshacer el camino seguido hasta el presente. En Argentina tenemos una larga experiencia de discontinuidad en las políticas cuando se pasa de un Gobierno a otro generando rupturas costosas y atrasos innecesarios. Debe profundizar y perfeccionar los mecanismos para que todos los protagonistas del sistema, empresas y consumidores de servicios públicos, logren un crecimiento constante y provechoso para todas las partes.

La magnitud del sector petrolero es considerable y constituye uno de los ámbitos estratégicos para la próxima administración. Hay que considerar que las empresas petroleras se han expandido hacia otras áreas de la industria y la energía, tales como electricidad, fertilizantes y la petroquímica.

El peso del petróleo en el balance de energía es fundamental. Sumado al gas natural, los hidrocarburos representan el 83% del consumo total de energía.

El resultado de la política energética llevada a cabo por el Gobierno y las empresas es satisfactorio a nivel de producción de crudo puesto que ha crecido en forma constante (81% entre 1989 y 1998) aún en períodos de un mercado internacional caracterizados por bajas de precios casi permanentes. Los volúmenes de reservas comprobadas han compensado esta mayor extracción del recurso y también reflejan un leve crecimiento (21%) entre 1989 y 1998.

Sin embargo, debemos hacer notar, que estos incrementos no son consecuencia de nuevos descubrimientos como hubiéramos deseado sino de una mayor actividad en los yacimientos que permitió una reclasificación de las existencias. El pase de reservas "posibles" a "comprobadas" disponibles permite que hoy tengamos un horizonte de 8,5 años a los extraordinarios niveles de extracción alcanzados.

Nuestro país continúa mayormente inexplorado ya que sobre un total de 1.733.470 kilómetros cuadrados, hasta la fecha se han realizado estudios geológicos que comprometen un total de sólo 35% de las cuencas sedimentarias de tierra firme y, apoximadamente un 9% en la plataforma marítima económicamente exclusiva de Argentina.

Además, la actividad exploratoria continúa, pese a los planes licitados, muy concentrada en las áreas que ya tienen un desarrollo petrolero, es decir, en los sectores con yacimientos tradicionalmente fructíferos.

El desafío del nuevo Gobierno que se iniciará este año será elevar el grado de actividad exploratoria tomando en cuenta, en la elaboración de NUEVAS BASES CONTRACTUALES los siguientes factores: a) la estructura geológica argentina constituida por yacimientos mayormente medianos y pequeños y con un costo de producción cercano a los u$s 12 dólares por barril y; b) que nuestro país deberá competir desfavorablemente en el campo exploratorio internacional debido a la gran carga representada por regalías e impuestos que podrían y deberían reducirse en esta etapa de la actividad.

En esta etapa, de ser necesario, se podría llegar a la elminación del IVA para las exploraciones no exitosas, el diferimiento impositivo hasta llegada la etapa de producción y la negociación de regalías diferenciadas con las Provincias para las nuevas exploraciones.

Este capitulo exploratorio será crítico y central en el programa de Gobierno a iniciarse porque procuraremos inversiones destinadas a reponer más aceleradamente las reservas, para evitar caer en un futuro en una insuficiencia que nos imponga la obligación de recurrir a la importación de petróleo crudo o derivados con la consecuente pérdida de divisas.

Para ello, aunque a que existen proyectos de legislación sobre hidrocarburos circulando por las comisiones del Congreso desde hace varios años que podrían ser aprobadas, estamos resueltos a brindar seguridad jurírica a la actividad petrolera consolidando por Ley los instrumentos desregulatorios que han revitalizado al sector.

La libertad y el derecho a ser compensados justamente por el riesgo no se negocia en la Argentina. Si no hay nueva Ley, habrá nuevos decretos porque la decisión estratégica del Gobierno deberá ser el aliento de mayores inversiones, la mayor competitividad y el desarrollo general de la economía argentina.

Para evitar que ciertos desequilibrios, que se han manifestado con posterioridad a la privatización de YPF SA, desemboquen en un cuestionamiento hacia todo el esquema político aplicado al campo energético y, especialmente deriven en reacciones estatistas y de mercado cerrado, es que se procederemos a ampliar los marcos de la competencia incluyendo cláusulas "antitruts" o "antipomopólicas" como las que se conocen en los Estados Unidos y Europa que garanticen una mayor transparencia en los mercados.

El Gas Natural es el recurso energético más importante de nuestro país. Actualmente, nuestras reservas comprobadas están en segundo lugar en América Latina, después de Venezuela y alcanzan a 18 años a los actuales niveles de consumo y su utilización viene incrementándose permanentemente en industrias y plantas de generación eléctrica.

Las dos cuencas mayores son la Neuquina (completamente integrada al mercado) y la Austral (parcialmente integrada).

A nivel de consumo, nuestro país está maduro en el mercado de gas. Se ubica en el segundo lugar, porcentualmente considerado (40%) en el consumo total de energía, después de Holanda. Se espera que para el año 2010 el consumo de gas en Argentina se duplique dado que viene creciendo sostenidamente a tasas superiores al 4% anual acumulativo.

Aunque estamos lejos de los objetivos trazados con el plan del GNC, ya existen caso 500.000 automóviles a gas. Una cifra que debería, al menos duplicarse en el próximo período de Gobierno.

En este sector el proceso de cambio comenzó en 1992, con la privatización de Gas del Estado y su conversión en ocho grandes empresas distribuidoras y dos transportadoras.

Dadas las nuevas reglas de juego, y la dinámica de obtener mayores beneficios de la integración de nuevos clientes al consumo, las empresas han alcanzado incrementos del 7% anual en la incorporación de nuevos usuarios del servicio.

En el nuevo esquema, no se ha planteado un mecanismo suficientemente dinámico para la construcción de nuevos ductos sino hasta que se encuentren muy exigidos y ampliados los actuales. Ello dificulta la movilización de recursos de las zonas económicamente no incorporadas como, por ejemplo, la cuenca austral.

Es propósito de la próxima administración desarrollar un mecanismo con apoyo estatal para dinamizar este aspecto que permitirá potenciar el recurso, abaratar costos industriales y asegurar su disponibilidad para los proyectos en curso.

En cuando al Mercado del Gas, existe cierta similitud con el sistema eléctrico. sin embargo, aún no se logró un equivalente con el sistema de comercialización de electricidad persistiendo situaciones de poca transparencia en el manejo de la capacidad de transporte.

Será fundamental lograr configurar un mercado mayorista real para el gas con gran libertad y con garantías para los grandes y pequeños consumidores.

Los proyectos de exportación en gran escala a Brasil, aunque aún no cuentan con suficiente convición por parte de los brasileros, cuando se materialicen deberán contamplar que los compradores participen de la amortización de los gasoductos existentes, porque si se llevaran a cabo tal como están reglamentados en la actualidad, estas exportaciones implicarían un subsidio directo para la industria de nuestros vecinos en perjuicio de la propia.

Un Plan Exploratorio de Gas podría conducir a una mejora de las reservas (1300 millones de Metros Cúbicos) que, hoy apenas si cubren las hipótesis de un escenario de bajas exportaciones.

El sistema eléctrico se encuentra, desde la promulgación de la Ley 24065 y la transformación y privatización de las empresas públicas energéticas, integrado en un mercado eléctrico bajo control regulatorio del ENRE.

Pese a los sucesos conocidos del caso EDESUR y más recientemente el incremento del riesgo de falla por baja hidraulicidad e imprevisión de algunos generadores para adquirir el fuel oil de respaldo, podemos decir que el sistema funciona y ha logrado expandirse razonablemente. Hay que decir que la demanda eléctrica ha crecido, entre 1989 y 1998, un 60%.

Se trata de un mercado eléctrico casi libre. En materia de generación, las empresas propietarias de las usinas concurren competitivamente para vender su energia, siendo el transporte una concesión bajo un régimen de peaje con libre acceso. La distribución fué privatizada y los derechos de los usuarios a adquirir sus requerimientos en el mercado, a contratar transporte y distribución ya se están ejerciendo hasta niveles de consumo bajos o moderados. (100KW de potencia).

A nivel de precios, salvo estas situaciones coyunturales, en la escala mayorista Argentina, con sus 20 mills/kwh se ubica entre los más bajos del mundo.

Esta competencia ha provocado una renovación de gran parte del parque generador, obligando a incorporar nuevas plantas de tecnología avanzada que, aunque en muchos casos son prototipos están produciendo el efecto del reemplazo del equipamiento aceleradamente.

Existen muchos pedidos de autorización y se están contruyendo importantes usinas. En esta materia no parece haber grandes dificultades para que se siga expandiendo a los ritmos actuales sobre todo ante las hipótesis de exportación eléctrica que se han elaborado.

Sin embargo, debemos advertir que la gran mayoría de estos equipos funcionan con gas como combustible y que, en este marco de precios bajos para el gas, junto al costo reducido de las nuevas turbinas, se obscurece el destino de los recursos hidroeléctricos y nuclear.

Por ello, en materia de generación del electricidad debemos afrontar la solución de dos grandes problemáticas: la situación de Yacyretá y de las Centrales Nucleares. Entre amblos bloques el Estado sigue detentando una gran potencia instalada: 4.000 MW de potencia sobre un parque total de alrededor de 20.000 MW) 49,5% termico, 45,5% hidroeléctrico y 5,1% nuclear).

Con respecto a Yacyretá debemos sincerarnos y reconocer las falencias en la gestión pública que nos han llevado a grandes pérdidas. Debemos encontrar un mecanismo de común acuerdo con nuestros socios para que trabaje "dentro" del mercado eléctrico en forma competitiva y con la operación en manos de una empresa privada. En este esquema, el Estado buscará un contratista para la instalación aplicando los resultados obtenidos a la terminación de las obras pendientes.

El tema nuclear excede el marco de la actividad energética porque garantizar la vigencia a de la "opción nuclear" en el futuro es una decisión política y de estrategia tecnológica de todo el Gobierno y no sólo de área energética. Sin embargo, estamos convencidos de la impracticabilidad del actual esquema privatizador que no atrae a los inversores, sin garantías acerca de los subsidios anunciados y que se ha complicado con la situación de Atucha I, actualmente parada "en caliente" y con observaciones por parte del ente regulador, que exigirán realizar inversiones cuyos plazos de ejecución superan las ideas difundidas por la Secretaría de Energía. El Estado Nacional, que ha decidido en el pasado la construcción de estas usinas, deberá desarrollar un mecanismo para conseguir un operador privado que le permita una optimización del funcionamiento de las centales y programar nuevamente un plan nuclear que prevea el funcionamiento en condiciones de mercado de las mismas hasta terminar su vida útil, el decomisionamiento y la ejecución de proyectos que nos permitan mantener e incrementar la capacidad tecnológica ya alcanzada.

En materia de transporte en Alta Tensión (TRANSENER SA) han existido y existen problemas con la expansión de la red, dado que el peaje que se percibe no contempla la amortización de las instalaciones y obliga a dificultosas negociaciones para financiar las obras.

En materia de expansión de líneas existentes, el esquema actual puede perfeccionarse pero no debería eliminarse. En cuanto a nuevas líneas, será necesario que mientras se produce la concertación de los interesados, el Estado concurra con sus medios iniciando el proceso en los casos que así lo determinen los requerimientos, transfiriendo posteriormente todas las responsabilidades al sector privado.

Es en el segmento de distribución donde se registran las mayores necesidades de observación por parte del Estado dado que allí, en la afectación del usuario, es donde está la mayor responsabilidad pública de la autoridad concedente.

Este segmento tiene menores riesgos y mayores márgenes de rentabilidad que la generación o el transporte. También en ciertas regiones, la debilidad en cuanto a capacidad de transporte se refiere ha dado lugar a abusos por parte de empresas distribuidoras de diversa estructuración jurídica en perjuicio tanto de sus usuarios cautivos como de los generadores que no podían transportarse.

Ello ha afectado particularmente a la región del Comahue. El Estado, con la política de transporte antes mencionada se compromete a asegurar la mayor libertad de usuarios y generadores para realizar sus transacciones energéticas en forma directa y sin presiones.

En nuestra Provincia, hemos decidido la incorporación de los usuarios al directorio de los entes reguladores en una experiencia que nos está reportando grandes resultados y que, esperamos, poder trasladar a la Nación para dar cumplimiento cabal al mandato Constitucional.

La prevención de situaciones conflictivas puede evitar el colapso de servicios públicos y el cuestionamiento del régimen que tantos esfuerzos ha demandado elaborar.

El país necesita practicar firmemente las políticas ambientales y de Uso Racional de la Energía. Habrá que promulgar una cuerpo legal en la materia concorde con los compromisos internacionales del país.

Los compromisos internacionales irán adquiriendo una manifestación creciente en la política energética de los países. Argentina no será una isla en la materia aunque iremos al ritmo de nuestras posibilidades.

No dejaremos de lado las oportunidades de fomentar el aprovechamisnto de recursos no convencionales y renovables, aplicaremos métodos limpios para la produción de electricidad; apoyaremos los emprendimientos eólicos y solares; modificaremos reglas constructivas para favorecer una arquitectura amigable con el consumo racinal de energía; impulsaremos la intruducción de nuevas tecnologías en el transporte como los vehículos eléctricos y trataremos que estas iniciativas se viabilicen en nuestro medio.

Finalmente, una reflexión sobre aquellos que carecen de energía en el país. Los mercado marginales alcanzan a uno de cada diez ciudadanos argentinos.

A ellos estará destinado el esfuerzo promosional del Gobierno, con la mayor interconexión, con la mejora en la competitividad y el consecuente descenso en los precios será más sencilla la incorporación de muchos segmentos aislados del consumo energético.

También la mayor actividad en la energía es capaz de dinamizar el factor regional y laboral, en el campo de la exploración y exploación de petróleo y gas, en la construcción de gasoductos y redes, líneas de transmisión y nuevas usinas.

Nuestro programa espera acelerar el proceso de crecimiento de la industria energética con la participación de todos los empresarios de cualquier procedencia que, aunque audaces en el riesgo, requieren de la seguridad y la confianza y la firmeza del Estado para cumplir y hacer cumplir las reglas de juego.

En la Argentina de hace 100 años el Estado y el capital se unieron para crear la riqueza, afianzar el territorio y poblarlo. En la Argentina del 2000 se unirán para desarrollarlo e integrarlo.